También fueron imputadas otras cuatro personas
El Ministerio Público logró privativa de libertad para la jefa (e) de
Adquisición de Bienes y Servicios de la Gobernación del estado Cojedes,
Lidanys Herrera Castillo, y otras cuatro personas más, tras su presunta
responsabilidad en el extravío y posterior cobro de cuatro cheques, lo
que habría causado un daño al patrimonio público de 9 millones 410 mil
459 bolívares.
La irregularidad administrativa fue denunciada el pasado 28 de abril
por un funcionario de la gobernación llanera ante la subdelegación San
Carlos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc).
En la audiencia de presentación, el fiscal 9º de esa jurisdicción,
Héctor Ramón Sevilla, imputó a Herrera Castillo por la presunta comisión
de los delitos de peculado doloso, utilidad ilegal en cualquiera de los
actos de la administración pública, manejo indebido de cuentas
bancarias y agavillamiento.
Por su parte, las también funcionarias de la mencionada gobernación,
Aida Josefina Álvarez y Jenny Carolina Dawson, fueron imputadas por los
delitos de manejo indebido de cuentas bancarias y agavillamiento.
De igual manera, el trabajador de la Zona Educativa de Cojedes,
William Casique Urbina, y el cajero de la agencia Tinaco del Banco
Bicentenario, Alexis Díaz Aponte, fueron imputados por manejo indebido
de cuentas bancarias y agavillamiento.
Adicionalmente, Álvarez recibió la imputación por peculado doloso;
Casique Urbina por enriquecimiento ilícito, y Díaz Aponte por corrupción
pasiva.
Estos delitos están establecidos en la Ley contra la Corrupción y el Código Penal.
Al analizar los elementos de convicción presentados por el Ministerio
Público, el Tribunal 3º de Control de Cojedes dictaminó la medida
privativa de libertad para los cinco involucrados y ordenó como sitio de
reclusión la sede del Cicpc, en San Carlos, municipio Ezequiel Zamora
de la citada entidad federal.
Luego de que el pasado 28 de abril se denunciara el extravío,
alteración y posterior cobro de los cuatro cheques emitidos por la
gobernación llanera, el Ministerio Público inició las respectivas
investigaciones, de las cuales se desprende la participación de Herrera
Castillo, en colaboración con sus asistentes Álvarez y Dawson, con el
citado caso; esta última habría depositado el dinero en su cuenta
bancaria y en otras pertenecientes a Casique Urbina.
Asimismo, la institución garante de la legalidad en el país presume
la responsabilidad de Álvarez en el endoso de los cuatro cheques.
Frente a las evidencias, se solicitaron las cinco órdenes de
aprehensión, las cuales fueron materializadas el pasado 19 de mayo por
funcionarios del Cicpc en los puestos de trabajo de los ahora privados
de libertad.
Fuente: correodelorinoco
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